Ganemos Córdoba rechaza la colaboración del Partido Popular para participar en la Oficina Municipal de la Vivienda al entender que ahora “es demasiado tarde” para reaccionar ante una emergencia social que no han querido resolver mientras estaban gobernando.
Lunes 27 de julio. Según el portavoz del grupo municipal, Rafael Blázquez, lo primero que debería hacer el Partido Popular es “retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado a la Ley Andaluza de la Función Social de la Vivienda que bloquea la expropiación temporal del uso de la vivienda a las entitades financieras cuyos titulares corran riesgo de exclusión social”.
La organización política considera “cínico” plantear ahora esta colaboración cuando “han sido los defensores de la banca” y desde las competencias municipales no se ha hecho nada por solventar el problema habitacional de las familias sin recursos en la ciudad de Córdoba.
Ganemos Córdoba recuerda además al Partido Popular que podría haber llevado a cabo en su momento la aprobación de la ILP para la dación en pago retroactiva, una iniciativa que podría haber permitido la modificación de la ley hipotecaria y que firmaron a favor casi un millón y medio de personas en todo el estado en febrero de 2013.
En la actualidad todavía se inician unos 4 procedimientos de ejecución hipotecaria diarios y se ejecutan dos deshaucios diarios, uno por alquiler y otro por hipoteca según los datos proporcionados por la Plataforma Stop Deshaucios del último informe del CGPJ. Aunque la organización lamenta que es difícil conocer realmente cuál es el número exacto de desahucios y de personas afectadas por este drama humano tal y como indica el informe de Amnistía Internacional del 2015 “Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España.” Según este informe, el gobierno estatal no ha consultado a las personas afectadas ni a las organizaciones de la sociedad civil, y tampoco ha evaluado las posibles consecuencias de sus políticas particularmente para las personas más vulnerables de la sociedad, contraviniendo lo que exige el régimen internacional de los derechos humanos. Por este motivo es una realidad la inexistencia de datos estadísticos fiables y la dificultad de conocer la dimensión del problema de los desalojos de personas de su vivienda habitual en España.
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