DECLARACIÓN DE MÁLAGA
Nosotras, personas representantes electas en instituciones locales, responsables en entidades
de economía social, solidaria y verde y en organizaciones ciudadanas, participantes en el
primer Encuentro Municipalista por una Contratación Pública Ética con Clausulas Sociales,
Ambientales y de Género,
DECLARAMOS que:
La contratación pública de obras, bienes y servicios es una herramienta de las Administraciones
Públicas que genera un importantísimo impacto económico, democrático, social y
medioambiental. Su influencia se refleja tanto desde un punto de vista cuantitativo (suponealrededor
del 15% del PIB español) como cualitativo (se realizan a través de esta fórmula
las principales obras, servicios y suministros del país). Ese impacto podría ser social y
ambientalmente muy positivo, si promoviera un modelo productivo y de consumo que sirviera
al interés general, al bien común o al buen vivir de la ciudadanía.
Sin embargo, en la actualidad nos encontramos que el criterio predominante de adjudicación
en la contratación de las administraciones públicas sigue siendo la oferta económica más
baja, convirtiéndola en una mera subasta con procedimientos un tanto opacos y poco éticos,
que han dado como resultado que la mayoría de los contratos de envergadura queden en
manos de grandes empresas.
De este modo, si comparamos los recursos necesarios para ejercer sus competencias, los
poderes públicos están impulsando en muchos casos un modelo de empresa asentado en
condiciones laborales indignas, falta de democracia interna, desigualdad y discriminación por
género o diversidad, acumulación insolidaria, contaminación, destrucción de ecosistemas,
uso de recursos no renovables, exclusión social y corrupción política y económica. Afortunadamente,
en los últimos tiempos el número de excepciones a esa regla general está aumentando
poco a poco, gracias a la presión ejercida desde la economia social y solidaria, los movimientos
sociales y sindicales, así como las fuerzas políticas progresistas para que esten presentes
en los pliegos de contratación pública cláusulas sociales, ambientales y de género.
Aún así, la inercia de décadas, el desconocimiento de procedimientos complejos y un marco
jurídico todavía insuficiente impiden que muchos de esos intentos se materialicen.
Ante este escenario, AFIRMAMOS que la contratación pública debe ser un instrumento de
transformación socioeconómica, lo que es totalmente compatible con la eficiencia administrativa
y la seguridad jurídica, por lo que las Administraciones tienen la responsabilidad ineludible
de cambiar el rumbo y usar esa herramienta en el ejercicio de sus competencias, conforme
a la normativa de la Unión Europea. Nos preocupa e indigna asistir al enésimo incumplimiento
por parte del Estado español de su obligación de trasponer y cumplir directivas europeas,
en este caso la Directiva 2014/24/UE, aprobada el 15 de enero de 2014, relativa a la Contratación
Pública, que debió convertirse en legislación estatal hace ya casi un año. El Gobierno
intenta así evitar que sea obligatorio para cualquier administración española exigir a las
empresas contratistas el cumplimiento de las leyes europeas en materia medioambiental,
social y laboral, como establece esa Directiva. Pero también que la entidad contratante no
tenga que dividir o lotear los grandes contratos para facilitar la participación de PYMES,
reservar contratos a empresas sociales, favorecer el comercio justo o aplicar esas cláusulas
sociales, ambientales y de género a cualquier aspecto y a cualquier fase del ciclo de vida del
producto o servicio contratado.
PENSAMOS que el ejercicio de las funciones públicas, que tienen como fin garantizar el buen
vivir de la toda la ciudadanía sin menoscabar el derecho de las generaciones presentes y
futuras a ese mismo bienestar, debe abarcar también a los medios y recursos que las administraciones
contratan para lograr ese fin. Pero a la par creemos que esa coincidencia de medios
y fines conllevará un ahorro mayor en la gestión de los fondos públicos, dado que será necesario
invertir cada vez menos recursos en paliar las consecuencias indeseadas del actual
modelo productivo y de consumo en el territorio, en la sociedad y en su medio ambiente, en
crear empleo de calidad, sostenible e igualitario y en garantizar los suministros
vitales necesarios para ejercer los Derechos Humanos.
CONSIDERAMOS que es nuestro deber, como representantes del municipalismo democrático
y como responsables y activistas en el ámbito social, económico y educativo, defender nuestras
comunidades locales, así como la democratización de las intituciones, incrementando de
esta manera las cotas de soberanía individual y colectiva frente a las dinámicas insolidarias e
insostenibles del mercado neoliberal.
Por todo ello, PROPONEMOS
• que las administraciones públicas locales y regionales agoten hasta su límite las posibilidades
que la legislación actual española y europea ofrece para introducir cláusulas sociales,
ambientales y de género en los procedimientos de contratación pública de obras, bienes y
servicios.
• que, para ello, aumente la producción de normativa jurídica de desarrollo y reglamentaria
en cada ámbito territorial e institucional, la información a los agentes económicos y empresariales
así como la formación del personal técnico y administrativo que debe aplicarla.
• que todos los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado se sumen con la mayor brevedad
posible a la tarea de modificar la Ley de Contratos del Sector Público para hacer realidad
la obligatoria trasposición de la normativa europea vigente en la actualidad en materia
de contratación pública, mientras dicha normativa no sea alterada o derogada por los tratados
internacionales en materia de comercio ni por ninguna otra.
Esta Declaración, que será adoptada por las organizaciones presentes, así como por todas
aquellas que se adhieran en un futuro cercano, se hará llegar a los Plenos de las corporaciones
en las que estamos presentes, así como a los de los parlamentos autonómicos y sus gobiernos
y al del Congreso y al Gobierno central y a todas las instituciones y organizaciones publicas
pertinentes.
Málaga, a 17 de diciembre de 2016
Descarga la Declaración de Málaga en pdf desde aquí.
Contratación pública, Declaración de Málaga
