La moción quiere declarar Córdoba
Ciudad Por la Vivienda Digna y Contra los Desahucios
Viernes 5 de febrero de 2016. El grupo municipal se une a las reivindicaciones de la plataforma 15M Stop Desahucios y sirve de vehículo, para presentar una moción conjunta con IU que supone un punto de inflexión en cómo desde la administración local se afronta la emergencia habitacional que sufre la ciudad de Córdoba.
La moción en primer lugar pretende declarar Córdoba, Ciudad por la Vivienda Digna y Contra los Desahucios. En este sentido, se insta al gobierno de la nación acordar una moratoria en los desahucios y cortes de energía a las personas que se hallen en situación de insolvencia sobrevenida e iniciar una investigación de los abusos e ilegalidades cometidas con los desahucios masivos.
Para el portavoz del grupo Rafael Blázquez, esta moción “representa un hito histórico porque presenta muchos matices de lo que se puede hacer desde la administración local para hacer frente a la emergencia habitacional que vive la ciudad”. Blázquez ha manifestado que “servirá de guía para otros ayuntamientos que quieran plantear un plan de acción en esta línea”.
“Con esta moción que plantea la plataforma creemos que es un posicionamiento claro a favor de la gente que peor lo está pasando en la ciudad”, ha afirmado el portavoz y ha recordado que “una tercera parte de los adultos y casi la mitad de la población infantil está en una situación de riesgo de exclusión social”. En la actualidad se producen todavía en la provincia una media de 4 procedimientos de ejecución hipotecaria y dos desahucios, uno por cuestión de alquiler y otro por una cuestión hipotecaria.
La moción respalda acciones ya hechas como la garantía del mínimo vital de agua a personas que no pueden hacer frente a los pagos y la negociación con entidades financieras para que cedan su bolsa de viviendas para el alquiler social. La propuesta es un repaso pormenorizado desde el plan de rescate a la ciudadanía a la elaboración para 2016 de un nuevo plan municipal de vivienda y rehabilitación o impedir la acción especulativa desde la administración. El documento contempla medidas de tipo fiscal como “paliar el impacto del pago del impuesto de plusvalía para personas en riesgo de exclusión social o destinar el remanente del gravamen del IBI a programas de alquiler social”. Se contempla también la creación de una comisión de seguimiento de las medidas formada por el ayuntamiento y por las organizaciones sociales que luchan por el derecho a una vivienda digna.
