El glifosato está incluido por la OMS en la lista de productos ‘probablemente cancerígenos’ y Diputación de Córdoba lo usa para limpiar los arcenes de las carreteras provinciales.
María Ángeles Aguilera, diputada provincial de Ganemos Córdoba.
La diputada provincial de Ganemos en la Diputación de Córdoba, María Ángeles Aguilera, defenderá en el pleno de este miércoles una iniciativa para que la institución supramunicipal apueste por métodos ecológicos como el desbroce o tratamiento térmico en la eliminación de malas hierbas en arcenes de carreteras, parques, jardines o acerados, en la que habitualmente se usa este producto químico.
En rueda de prensa, Aguilera ha destacado que la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó en noviembre de 2015 a este herbicida en la lista de productos “probablemente cancerígenos” y que muchas entidades ecologistas defiende su total eliminación por daños a la salud de las personas y el medio ambiente.
La única diputada provincial de Ganemos ha subrayado que este producto químico está ya prohibido en Francia, Alemania, Holanda y Suiza y en ciudades españolas como Badalona, Tarragona, Zaragoza, Barcelona o Madrid y que la Comisión Europea ha aceptado a trámite una iniciativa ciudadana europea que demandas a los Veintiocho la prohibición del glifosato a nivel europeo.
Contratación pública con derechos
Por otra parte, Ganemos defenderá en el pleno provincial de este miércoles una iniciativa que solicita que las leyes de contratación de Andalucía y España, ambas en trámite de modificación, traspongan una directiva europea que garantizaría que la contratación de obras y servicios por parte de la administración pública contenga criterios sociales, medioambientales, de género y laborales.
De incorporarse la directiva europea en cuestión en las legislaciones de contratación, las pequeñas y medianas empresas se verían beneficiadas por que los contratos públicos deberían licitarse en porciones cuando la cifra económica fuera muy elevada, para evitar así que sólo puedan acceder las grandes multinacionales.
En definitiva, se trata de fomentar la economía social y “que no sea siempre la oferta económicamente más ventajosa” la que termine trabajando para la administración pública en contra de derechos laborales, medioambientales, de igualdad de género o sociales, según la diputada provincial de Ganemos en la Diputación de Córdoba.Ga
