Un día de finales de noviembre, una joven pareja, lejos aún de los treinta, comparece ante un juez. Ella tiene los ojos enrojecidos e intenta sin éxito parar sus lágrimas y mantenerse erguida para poder dar su versión de los hechos. Ella habla del hijo que tienen, recién nacido estaba cuando hace ya más de un año tuvieron que meterse en un piso vacío que creían de un banco.
Él cuenta como podían pagar un alquiler «normal», antes de quedar en el paro, y como estaba la vivienda, abandonada, rota y llena de basura, y como con esfuerzo la arreglaron, limpiaron e hicieron de esas cuatro paredes un hogar para ellos y su hijo, con la ayuda solidaria de sus vecinos y vecinas. Y que no se niegan a irse, pero que no pueden hacerlo sin alternativa, y que lo que quieren es negociar un alquiler social de esa vivienda que en ruina estaba.
Compañeros y compañeras de la Plataforma 15M STOP DESAHUCIOS llenan la sala, aprietan los dientes y casi no respiran. El logo rojo de sus camisetas contrasta con las negras togas de los que están frente a ellos. Parecen dos equipos cara a cara, con la pareja de reos en el centro.
¿Qué se dirime?, el letrado de la acusación alega que sus representados no dieron permiso para la familia se instalara. ¿Y dónde residen los propietarios?… bueno, se trata de una sociedad de nombre impronunciable con sede en un paraíso fiscal. Un fondo de esos que algunos llaman buitre, que se alimenta de los negocios generados por las desgracias ajenas.
El piso fue un día de otra familia, una de tantas que también quedó en paro y no pudo abonar su hipoteca, así que el banco la ejecutó, a la hipoteca y en parte también a la familia, quienes se quedaron con deuda y sin techo.
Probablemente la hipoteca ni siquiera fuese del banco, ya que la mayoría están titulizadas, vendidas a otros fondos al poco de firmarlas, por lo que el primer desahucio es más que probable que fuese de dudosa legalidad, ya que si uno vendió la deuda, no es ya el legítimo acreedor, tal como denuncian las plataformas y algunos jueces de este maltratado país.
La pareja de acusados sabía que no era de ningún particular el piso y que estaba abandonado y hasta con la puerta quebrada, aunque ignoraba que el banco lo hubiese vendido ya, o quizás lo vendieron estando ellos ya dentro, a un fondo que nunca tributará en nuestro país y a cuyos accionistas jamás conocerán, accionistas que por supuesto ni remotamente vivirían en un barrio tan modesto como el de esta familia.
El abogado de oficio alega el eximente de estado de necesidad, aunque da la impresión de no haberse preparado a fondo la defensa. Pero el momento cumbre lo aporta el abogado de la acusación, quien sin ruborizarse insiste en que la familia sea desahuciada, aunque, eso sí, que dadas las fechas en las que estamos, que no los echen por Navidad.
Y un aluvión de preguntas me vienen a la cabeza… si algo es indigno que ocurra en Navidad, ¿no lo es también que ocurra en cualquier otra época del año?; alega esto el abogado del fondo, ¿por la familia o por aliviar la mala conciencia?; si acaso hubo titulización de la hipoteca en base a la cual echaron a la primera familia, ¿sería también ilegal el desahucio que ahora se pretende?; ¿se va a ir de rositas el banco que desahució primero y vendió el piso al fondo?; en esta ciudad de más de 40.000 parados y con un 30% de personas bajo el umbral de la pobreza, ¿vamos a dejar a nuestras familias a su suerte ante los intereses de empresas de paraísos fiscales o bancos?; ¿qué legitimidad tiene un sistema que permite tanta tropelía?; ¿podemos celebrar la Navidad a sabiendas de que permitimos que estas cosas ocurran?…
El juicio acaba y en las puertas de los juzgados la gente de la plataforma abraza a la joven pareja y les dicen que no están solos y que no permitirán que los echen. Mañana volverán, porque otra joven familia se enfrentará a otro juicio similar.
Tres días después el juez dicta sentencia y condena a multa y desalojo, interpretando que no es situación de auténtica necesidad, entendida por tal la situación catastrófica y efímera. Y es cierto que no debiera ser el poder judicial quien arreglase el país, pero viendo la inacción del legislativo y la complicidad del ejecutivo espera uno, quizás injustamente, más sentencias absolutorias, que a veces se dan, pero no en este caso. Y evidentemente desde lo municipal, a darlo todo por paliar cuanto más esta situación.
Ojalá seamos capaces de garantizar derechos humanos y constitucionales como el de la vivienda, porque aliviará esto mucho sufrimiento, en Navidad y fuera de ella. Y mientras el gobierno hace o no hace, que la gente tome conciencia de que si los poderes no garantizan derechos toca al pueblo organizarse y defenderlos… más o menos como siempre.
Que en Navidad no haya desahucios, ni en Navidad ni fuera de ella.
Rafel Blázquez
Concejal de Ganemos Córdoba
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